Chile atraviesa una de las crisis de representación más profundas de su historia republicana. Con la llegada de José Antonio Kast al poder institucional, amplios sectores de la ciudadanía sienten que el país ha tocado fondo. Las instituciones aparecen hoy encarnadas por hombres y mujeres que, lejos de fortalecer el Estado, contribuyen diariamente a ensuciarlo, degradarlo y desprestigiarlo ante la sociedad.
La crisis de confianza aumenta aceleradamente y, junto con ella, también se erosiona la legitimidad para ejercer el poder. Chile vive un momento político peligroso, marcado por la desafección ciudadana, la polarización y el deterioro del debate democrático. Mientras tanto, el Congreso aparece ante millones de personas como un espacio profundamente degradado, dominado por senadores y diputados oportunistas, desconectados de la realidad social y, en numerosos casos, vinculados a prácticas que alimentan la percepción de corrupción e impunidad.
Tenemos un presidente que llegó al poder prometiendo seguridad, crecimiento económico y expulsiones masivas de inmigrantes irregulares. Sin embargo, una vez instalado en La Moneda, relativiza sus propias promesas y termina señalando que la expulsión de cientos de miles de inmigrantes era solamente una “metáfora”. Cuando un gobernante transforma sus compromisos electorales en simples recursos retóricos, destruye inevitablemente la confianza pública y profundiza el desencanto democrático.
Pero el problema de fondo no es únicamente la inseguridad ni la improvisación política. El problema central es que este gobierno intenta instalar una verdadera dictadura ideológica de ultraderecha, reduciendo al Estado a su mínima expresión y promoviendo una visión profundamente dogmática de la sociedad.
Nadie pidió recortes masivos en ministerios ni en servicios públicos esenciales. Nadie exigió beneficiar tributariamente al 1% más rico del país. Sin embargo, bajo una lógica económica ortodoxa y profundamente ideológica, se insiste en que reducir impuestos a las grandes fortunas generará automáticamente crecimiento económico y bienestar general. Lo grave es que esa teoría no posee evidencia concluyente en ninguna parte del mundo.
Recuerdo mi experiencia en Francia cuando Emmanuel Macron aumentó el precio de los combustibles mientras eliminaba el impuesto a la fortuna bajo la promesa de dinamizar la economía. El resultado fue exactamente el contrario: el estallido de los “chalecos amarillos”, una de las mayores crisis sociales francesas de las últimas décadas. Meses más tarde, el propio Macron terminó reconociendo que aquella eliminación tributaria no produjo el crecimiento esperado.
Experiencias similares ocurrieron en Estados Unidos, Hungría, Portugal y recientemente en Argentina. No existe consenso serio dentro de las ciencias sociales que permita sostener que bajar impuestos a los sectores más ricos produce automáticamente desarrollo. Muchas veces ocurre precisamente lo contrario: aumentan la concentración económica, la desigualdad social y la fractura entre élites y ciudadanía.
Como señalaba Daniel Matamala en un análisis reciente, si la baja tributación fuera realmente el principal motor del desarrollo, entonces los grandes capitales europeos emigrarían masivamente hacia países con impuestos mínimos y mano de obra extremadamente barata. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Porque los inversionistas buscan estabilidad institucional, infraestructura moderna, seguridad jurídica, cohesión social, educación y Estados fuertes.
Por eso países como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Francia o Bélgica, donde los impuestos superan ampliamente el 40%, continúan siendo economías altamente competitivas y socialmente desarrolladas.
El trabajo de Thomas Piketty, académico vinculado a la London School of Economics y a importantes centros de investigación europeos, demuestra precisamente que la tributación progresiva ha sido históricamente fundamental para construir desarrollo económico, cohesión social y Estados modernos capaces de reducir desigualdades.
Como advertía Pierre Bourdieu, ningún gobierno puede sostenerse solamente mediante poder administrativo o coerción: necesita legitimidad simbólica. Y esa es precisamente una de las principales debilidades del proyecto político encabezado por Kast. Muchos de sus propios votantes comienzan a sentir que fueron engañados, que llegaron al poder mediante promesas imposibles y discursos emocionalmente manipuladores.
El problema de estos proyectos ideológicos de ultraderecha es que construyen permanentemente la imagen de un Estado habitado por “parásitos”, donde todo funcionario público sería sospechoso y donde lo público aparece automáticamente asociado a ineficiencia y corrupción.
Pero Kast carece de legitimidad moral para sostener ese discurso si él mismo pasó dieciséis años en el Congreso con bajos niveles de asistencia y sin un legado legislativo particularmente relevante. Más aún, llegó al gobierno acompañado de operadores políticos que han vivido históricamente dentro del mismo Estado que hoy desprecian discursivamente.
Todavía más irresponsable fue instalar la idea de que el Estado chileno estaría “quebrado”. Aquello no solamente constituye una exageración política, sino también una muestra preocupante de desconocimiento histórico e institucional. Autores fundamentales de la sociología y la ciencia política comparada, como Alexis de Tocqueville, Norbert Elias y Max Weber, explicaron precisamente que los Estados modernos poseen capacidades permanentes de recaudación porque concentran el monopolio legítimo de la tributación.
Chile posee desafíos fiscales importantes, pero su nivel de deuda pública continúa siendo moderado en comparación con numerosos países de la OCDE. Por eso, el discurso permanente del “no hay plata” funciona muchas veces más como una estrategia ideológica destinada a justificar recortes y debilitamiento estatal que como una descripción objetiva de la realidad económica.
Javier Milei utiliza exactamente la misma narrativa en Argentina, y no resulta casual que sectores de la ultraderecha chilena observen con admiración ese modelo político. Como escribía nuevamente Bourdieu en “La razón de Estado”, los discursos oficiales son fundamentales porque moldean la percepción social de la realidad.
Mientras tanto, el Congreso chileno deberá votar reformas económicas y leyes estructurales que nuevamente sirven como excusa para reducir impuestos a grandes empresas y grupos privilegiados. Y allí aparecen partidos oportunistas como el Partido de la Gente, liderado por Franco Parisi y Pamela Jiles, funcionando muchas veces como actores funcionales al proyecto político de Kast.
Figuras como Javier Olivares simbolizan precisamente esta degradación de la política: espectacularización mediática, polarización permanente y banalización del debate democrático.
El Congreso chileno parece atravesar un proceso de petrificación institucional como pocas veces se ha visto en la historia reciente del país. La política dejó de ser un espacio de construcción colectiva y se transformó en un escenario de provocaciones, cálculo electoral y conflictos permanentes.
Por eso la tarea urgente es sanear las instituciones democráticas. La ciudadanía debe volver a informarse, educarse políticamente y recuperar el timón de la soberanía popular. Porque, como señalaba Jean-Jacques Rousseau, en toda democracia auténtica la soberanía reside finalmente en el pueblo.
La única salida frente a esta pudrición institucional es reconstruir la legitimidad democrática desde abajo: exigir transparencia, fortalecer mecanismos de control ciudadano, combatir efectivamente la corrupción y recuperar la política como herramienta de servicio público y no como mecanismo de enriquecimiento personal.
Y si este gobierno habla tanto de eficiencia, entonces debería comenzar por cumplir sus propias promesas de campaña: reducir privilegios, limitar salarios excesivos de asesores y terminar con el uso del aparato estatal como espacio de operadores políticos.
Como decía nuevamente Max Weber, existen quienes viven “para” la política y quienes viven “de” la política. Hoy, gran parte de la dirigencia chilena parece haber olvidado completamente esa diferencia.
El gobierno de Gabriel Boric también dejó lecciones importantes. Una generación que prometía renovación terminó reproduciendo muchos de los vicios tradicionales que decía combatir. La izquierda chilena debe asumir parte de su responsabilidad histórica: el avance de la ultraderecha también es consecuencia de sus errores, desconexiones y contradicciones.
Porque cuando la política abandona a la ciudadanía, cuando las instituciones pierden legitimidad y cuando el miedo reemplaza al debate democrático, terminan gobernando los peores hombres y mujeres. Y eso es precisamente lo que hoy amenaza el futuro de nuestra república y de nuestra hermosa patria llamada Chile.
