La llegada de José Antonio Kast a La Moneda abre una interrogante profunda para la democracia chilena: ¿cómo debe reaccionar una sociedad cuando percibe que el Ejecutivo carece del capital simbólico necesario para conducir el destino del país? La respuesta no está en la confrontación ni en la violencia, sino en la fortaleza de las instituciones y en la madurez cívica de la ciudadanía. Permitir que Kast gobierne sin gobernar implica confiar en que el entramado institucional del Estado será capaz de contener cualquier intento de desmantelar el pacto social. Como enseña la historia republicana, los hombres pasan, pero las instituciones quedan.
La teoría sociológica ofrece claves esenciales para comprender este escenario. Max Weber definió al Estado como la comunidad humana que reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima dentro de un territorio determinado. Pierre Bourdieu amplió esta noción al señalar que el Estado también concentra el monopolio de la violencia simbólica, sustentado en la confianza y el consenso social. Por su parte, Norbert Elias explicó que la consolidación del Estado moderno es el resultado de un largo proceso histórico de centralización del poder, incluyendo el monopolio de la coerción y de la recaudación de impuestos. Estas perspectivas permiten entender que la legitimidad estatal no depende únicamente del origen electoral, sino también de la confianza ciudadana y de la idoneidad de quienes ejercen el poder.
En este contexto, la percepción pública sobre la composición del gabinete resulta fundamental. El ministro de Hacienda, Quiroz, ha sido objeto de cuestionamientos públicos por la transparencia de su trayectoria profesional y por su eventual vinculación en el debate sobre prácticas anticompetitivas en el mercado chileno, particularmente en los casos de colusión de los pollos y las farmacias. Estas controversias, sumadas al alza histórica de los combustibles, han debilitado la confianza en la conducción económica del gobierno. Asimismo, la designación de Mara Sedini como ministra vocera ha generado críticas por su limitada experiencia política y por la difusión de la idea de que “Chile es un Estado en quiebra”.
Dicha afirmación ha sido ampliamente refutada por la literatura económica. Economistas como Joseph Stiglitz y Paul Krugman han sostenido que los Estados no pueden equipararse a empresas, ya que cuentan con herramientas soberanas como la capacidad de recaudar impuestos, emitir deuda y diseñar políticas fiscales para enfrentar crisis económicas. En consecuencia, hablar de “quiebra” estatal constituye más bien una simplificación política que una descripción rigurosa de la realidad económica.
A ello se suman cuestionamientos a la ministra de Defensa y a la influencia de Iván Poduje, cuya visión ha sido interpretada por diversos sectores como representativa de una lógica elitista, más cercana a la figura de un “patrón de fundo” que a la de un servidor público comprometido con el interés general. Estas percepciones contribuyen a la erosión del capital simbólico del gobierno y a la sensación de distancia entre el Ejecutivo y la ciudadanía.
El primer deber del Estado es el bienestar de sus ciudadanos, principio arraigado en la tradición republicana y en el pensamiento político moderno. Sin embargo, la aplicación de políticas económicas de corte ortodoxo ha generado descontento social y una creciente sensación de incumplimiento de las promesas de campaña, lo que se refleja en el bajo respaldo ciudadano evidenciado en diversas encuestas de opinión.
El escenario internacional refuerza esta lectura. En Estados Unidos, Donald Trump ha estado marcado por profundas controversias institucionales y, en el actual contexto político, circulan fuertes rumores sobre la posibilidad de un nuevo proceso de impeachment, lo que evidencia cómo los sistemas democráticos cuentan con mecanismos de control capaces de establecer límites al poder político. En Argentina, el gobierno de Javier Milei enfrenta tensiones sociales derivadas de la implementación de su programa económico. Asimismo, en Hungría, Viktor Orbán sufrió una significativa derrota electoral el domingo 12 de abril, poniendo fin a un prolongado ciclo político y demostrando que incluso los liderazgos más consolidados pueden ser revertidos democráticamente cuando la ciudadanía percibe un deterioro en la legitimidad y en la capacidad de gobernar.
Frente a este panorama, la estrategia democrática más eficaz no es la confrontación directa, sino permitir que las instituciones cumplan su función. El Congreso Nacional, la Contraloría General de la República, el Poder Judicial y la sociedad civil organizada constituyen contrapesos esenciales que garantizan la continuidad del Estado más allá de los liderazgos circunstanciales. La fortaleza de Chile no reside en la figura de un líder, sino en la solidez de su entramado institucional.
Que estos cuatro años se transformen en un período de aprendizaje político para el país: un tiempo en el que el mundo social profundice su comprensión de la política, fortalezca su compromiso con la democracia y reafirme su confianza en el trabajo de las instituciones. Solo así será posible determinar con claridad qué es lo mejor para nuestra patria y proyectar un futuro basado en la estabilidad, la justicia social y el bien común.
Porque, en definitiva, los hombres pasan, pero las instituciones quedan.
