La democracia no solo se debilita con golpes de Estado o corrupción institucional. A veces, se erosiona de forma silenciosa, cuando el poder político comienza a apropiarse del lenguaje, los símbolos y las prácticas religiosas para legitimar su autoridad. Lo que debería ser fe personal se transforma en doctrina oficial. Lo que debería unir, comienza a excluir.
En la comuna de Concepción, el actual alcalde Héctor Muñoz ha cruzado límites preocupantes en esta dirección. Vinculado históricamente a movimientos evangélicos como “Águilas de Jesús” y fundador del Partido Social Cristiano, Muñoz ha convertido la gestión pública en una plataforma de visibilidad religiosa. Ceremonias, bendiciones, invocaciones a Dios en actos oficiales, y un discurso moralista repetitivo están marcando su mandato. No se trata de libertad de culto —derecho fundamental— sino de uso institucional de lo religioso con fines políticos. Y eso es un riesgo serio para la democracia local.
El filósofo francés Jean-Jacques Rousseau ya advertía en El contrato social sobre el “culto civil” que el Estado podía imponer para asegurar obediencia. Aunque planteaba una forma laica de moral compartida, reconocía el peligro de que lo religioso fuera cooptado para fines de poder. Más adelante, Félicité de Lamennais, en Palabras de un creyente, denunciaba cómo los gobiernos manipulaban la religión para oprimir y sostener privilegios. Hoy, esos diagnósticos cobran vigencia en territorios donde la religión ha dejado de ser una fuente de ética y se ha transformado en propaganda oficial.
Este patrón no es exclusivo de Concepción. En el Medio Oriente, lo hemos visto repetidamente:
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En Irán, el régimen de los ayatolás ha convertido la teocracia en sistema político, subordinando las libertades civiles a la interpretación del islam chií. La policía moral, la censura y la represión se justifican en nombre de Dios.
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En Arabia Saudita, el wahabismo ha sido promovido como doctrina de Estado por décadas, reforzando el poder absoluto de la monarquía.
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En el Líbano, Hezbolá mezcla religión, política y milicia. Según el investigador Ignacio Gutiérrez de Terán, esta organización funciona como un “Estado dentro del Estado”, legitimado por una retórica religiosa movilizadora.
En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdoğan ha usado el islam como herramienta de cohesión nacional y represión política. Desde convertir a Santa Sofía nuevamente en mezquita, hasta perseguir opositores bajo una retórica moralista, Erdogan ha borrado las fronteras entre lo espiritual y lo político. Y en Hungría, Viktor Orbán ha institucionalizado una “democracia cristiana” que usa la fe como filtro identitario, promoviendo políticas xenófobas y autoritarias bajo una supuesta defensa de los “valores cristianos”.
En todos estos casos, la religión no ha sido inspiración espiritual, sino cemento ideológico. Ha servido para dividir, justificar abusos y blindar el poder. Tal como lo advierte Larry Diamond, uno de los principales teóricos de la democracia, los populismos autoritarios utilizan símbolos religiosos para desactivar la crítica y consolidar regímenes personalistas.
Por eso, lo que ocurre en Concepción no es anecdótico. Es un síntoma. Un ensayo local de una práctica global: la captura del espacio público por discursos religiosos excluyentes. Es urgente defender el carácter laico del Estado, no como negación de la fe, sino como garantía de que todos —creyentes o no— puedan vivir en igualdad.
Si el púlpito se instala en el municipio, la democracia comienza a arrodillarse.
Por Juan Pablo Pezo Dalmazzo
