La irrupción de gobiernos y movimientos de extrema derecha —desde Netanyahu en Israel hasta Trump en EE.UU., Milei en Argentina, y Kast o Kaiser en Chile— exhibe una tendencia preocupante: el uso de la violencia extrema como herramienta estatal. En Gaza, esta conducta ha derivado en acusaciones de genocidio, y en Oriente Medio, ha escalado hasta ataques directos entre Israel e Irán, poniendo en riesgo la paz global.
A finales de mayo de 2025, más de 380 escritores del Reino Unido e Irlanda, entre ellos Zadie Smith e Ian McEwan, firmaron una carta pública calificando las acciones israelíes en Gaza como genocidio. Denunciaron también las declaraciones de ministros israelíes que hablaban de “borrar Gaza del mapa” como expresiones de intenciones genocidas y pidieron sanciones internacionales. Paralelamente, más de 300 autores francófonos —incluidos Annie Ernaux y J. M. G. Le Clézio— se sumaron a este llamado, exigiendo que el mundo “nombre lo que está ocurriendo” como genocidio.
Estas denuncias no provienen solo del ámbito cultural. Cientos de académicos y especialistas en derecho internacional han advertido que las tácticas utilizadas por Israel —el bloqueo de alimentos y agua, el bombardeo sistemático de infraestructura civil y la negación de ayuda humanitaria— cumplen los elementos jurídicos del genocidio, tal como establece la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
En la madrugada del 13 de junio de 2025, Israel lanzó la operación “Rising Lion”, un ataque preventivo masivo contra instalaciones nucleares y bases militares iraníes, que incluyó asesinatos selectivos de altos mandos de los Guardianes de la Revolución y científicos nucleares. La respuesta internacional fue inmediata: instituciones como Chatham House advirtieron el riesgo de guerra regional; Reuters señaló que el propósito real podría ser un cambio de régimen; y un conjunto de expertos y juristas internacionales definieron el ataque como una violación del derecho humanitario y potencial “crimen de agresión” . Países como Turquía, Brasil, Alemania, Canadá, Vietnam y la Santa Sede condenaron la ofensiva, exigiendo desescalamiento.
Irán reaccionó con misiles contra Tel Aviv y Jerusalén, causando decenas de muertos y cientos de heridos, lo que desató temores globales de una escalada militar, y generó una nueva caída en los mercados —el petróleo subió más del 7 % solo ese día— .
Estas acciones no son incidentes aislados sino reflejan una tendencia peligrosa: la extrema derecha en el poder legitimando la violencia estatal bajo la retórica de “seguridad nacional”, desafiando normas internacionales y recurriendo a soluciones militares en lugar de diplomáticas. Netanyahu, Trump, y en América Latina figuras como Milei y Kast siguen patrones autoritarios comunes: criminalización del disenso, debilitamiento institucional, exaltación del uso de la fuerza, y una visión del mundo en blanco y negro.
En Estados Unidos, Trump promovió la represión de protestas y persecución a migrantes. En Israel, Netanyahu debilitó el poder judicial y profundizó la narrativa nacionalista excluyente. En Argentina, Milei avanza en la privatización total del Estado mientras relativiza agravios históricos. En Chile, Kast y Kaiser reivindican el legado pinochetista y han cuestionado derechos fundamentales.
Chile no puede permitirse repetir esta ruta. Un gobierno de extrema derecha sería aliarse, al menos simbólicamente, con regímenes acusados de genocidio y violación sistemática de derechos humanos. Nuestra credibilidad global y redes de cooperación quedarían gravemente dañadas.
Ante este panorama, el deber ciudadano, académico y periodístico es claro: condenar el genocidio en Gaza, rechazar agresiones como la Operación “Rising Lion” del 13 de junio y proteger el estado de derecho. El mundo no tiene espacio para vacilaciones frente al autoritarismo militarizado. La paz, la democracia y la justicia exigen acción, vigilancia y responsabilidad colectiva.
