Las recientes declaraciones de los diputados Johannes Kaiser y Cristián Labbé representan una amenaza real al orden democrático chileno. No se trata de simples opiniones incómodas, sino de discursos que, desde el Congreso, legitiman el quiebre institucional y la violencia política como herramientas válidas contra sectores ideológicos rivales. Que estas ideas provengan desde un poder del Estado no es solo preocupante: es profundamente peligroso.
Kaiser ha dicho que apoyaría “sin duda” un nuevo golpe de Estado si el “comunismo” llegara al poder, y que asumiría todas sus consecuencias, incluso violaciones a los derechos humanos. Labbé, por su parte, insinuó que Chile ya expulsó al comunismo una vez, y que podría volver a hacerlo si es necesario. Ambos proponen, además, la ilegalización del Partido Comunista, una fuerza política legítimamente constituida y representada en el Congreso. Estas afirmaciones, lejos de ser legítimas dentro del marco del disenso democrático, constituyen una apología a dictaduras que asesinan y torturan.
La democracia exige pluralismo, respeto a las reglas y rechazo a toda forma de violencia política. Permitir que parlamentarios utilicen su investidura para promover la ruptura del orden constitucional deslegitima al propio Congreso. Como advirtió Karl Popper, la tolerancia ilimitada puede destruir la tolerancia misma. Si aceptamos que los intolerantes ocupen posiciones de poder sin responder por sus dichos, corremos el riesgo de que la democracia sea destruida desde dentro.
La libertad de expresión no es absoluta, y mucho menos en cargos públicos. Jürgen Habermas argumenta que la deliberación democrática se sostiene en normas compartidas de respeto y racionalidad. Las declaraciones de Kaiser y Labbé no buscan debatir, sino eliminar al adversario. No caben dentro de la crítica institucional legítima; son, más bien, amenazas disfrazadas de opinión política.
A esto se suma lo planteado por Jeremy Waldron, quien sostiene que el discurso de odio no solo degrada a quienes ataca, sino que también erosiona el tejido de igualdad y respeto necesario para la democracia. Justificar golpes de Estado, proscripciones políticas o persecución ideológica no solo desinforma: prepara el terreno simbólico y social para hechos de violencia real.
Desde la experiencia alemana, Theodor W. Adorno ofreció una advertencia inolvidable tras el horror del nazismo: “La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación.” Adorno entendía que la barbarie empieza mucho antes que los crímenes: comienza cuando se normaliza el discurso que los justifica. Chile, con su propia historia de dictadura, no puede permitirse olvidar esta lección.
Lo que está en juego no es solo el contenido de las palabras de Kaiser y Labbé, sino el hecho de que se pronuncien desde el Congreso Nacional. La plataforma institucional otorga peso político y normaliza discursos que, en cualquier democracia madura, serían objeto de sanción ética e incluso jurídica. Es fundamental que el Servel, la Cámara de Diputadas y Diputados y el propio sistema político respondan con firmeza.
Esto no es censura. Es defensa del orden democrático frente a quienes buscan corroerlo desde adentro. Existen límites legítimos a la libertad de expresión cuando esta se convierte en instrumento de odio, amenaza o negación de los principios básicos del pacto democrático.
Chile ha construido, con esfuerzo, una democracia plural. Aún imperfecta, pero basada en la resolución pacífica de las diferencias. Protegerla significa rechazar con claridad a quienes intentan reinstalar las lógicas del miedo y la exclusión. Y más aún, exige que los representantes del pueblo respeten las instituciones que juraron defender.
No basta con indignarse. Se necesita actuar. Porque cuando el autoritarismo habla desde el poder, la democracia ya está en riesgo.
