Los problemas del gobierno de José Antonio Kast no comenzaron con las filtraciones de Hacienda ni con las tensiones internas del gabinete. Tampoco con los recortes presupuestarios ni con el desgaste prematuro de La Moneda. El problema comenzó antes. Mucho antes. Comenzó el día en que Kast decidió nombrar a Jorge Quiroz como ministro de Hacienda aun sabiendo que su figura arrastraba un evidente déficit de legitimidad pública y simbólica.
Ahí estuvo el error original.
Porque en política no basta con nombrar técnicos. Gobernar exige construir autoridad. Y como advertía Max Weber, la autoridad moderna no descansa únicamente en la legalidad formal de un cargo, sino también en la legitimidad social de quien lo ejerce. Un ministro puede acumular credenciales académicas, experiencia privada y redes empresariales. Pero si no logra proyectar confianza pública, el poder comienza a erosionarse desde el primer día.
Eso ocurrió con Quiroz.
Su trayectoria profesional jamás fue políticamente neutra. Durante décadas construyó una carrera estrechamente ligada al mundo de las consultorías económicas, arbitrajes regulatorios y asesorías al gran empresariado. Ese recorrido le otorgó reconocimiento técnico dentro de ciertas élites económicas, pero también instaló sobre su figura una sombra persistente: la percepción de representar más los intereses corporativos que el interés público.
Y en política las percepciones importan tanto como los hechos.
Más todavía en Hacienda.
Porque el ministro de Hacienda no administra solamente cifras fiscales. Administra confianza. Representa estabilidad institucional frente a mercados, inversionistas, empresarios y ciudadanía. Por eso los ocupantes históricos de ese cargo en Chile —desde Foxley hasta Marcel— llegaban respaldados no solo por capacidades técnicas, sino también por legitimidad transversal. Incluso sus adversarios reconocían en ellos densidad institucional y sentido de Estado.
Quiroz nunca logró construir aquello.
Y Kast lo sabía desde el principio.
Ahí aparece el verdadero problema presidencial. El nombramiento reveló una lógica más cercana a la afinidad ideológica que a la construcción de gobernabilidad. Kast privilegió cercanía doctrinaria y confianza personal por sobre legitimidad pública, capital político y reconocimiento transversal. Confundió convicción con capacidad de Estado.
Eso no es simplemente un error técnico.
Es un déficit de estadista.
Porque un estadista entiende que ciertos cargos requieren algo más que expertise económica. Requieren autoridad simbólica. Requieren figuras capaces de ampliar apoyos, reducir incertidumbre y transmitir estabilidad. Exactamente lo contrario de lo que terminó ocurriendo. Cada aparición pública de Quiroz terminó profundizando la sensación de fragilidad política que rodea hoy a Hacienda.
Aquí resulta especialmente pertinente la mirada de Pierre Bourdieu. El sociólogo francés sostenía que el poder político depende de capital simbólico: prestigio, credibilidad y reconocimiento social. Cuando un gobierno instala en posiciones estratégicas a figuras carentes de ese capital, comienza lentamente a erosionar su propia autoridad institucional.
Eso explica por qué cada crisis posterior terminó golpeando directamente a Kast.
Las filtraciones, las contradicciones comunicacionales y las tensiones internas no hicieron más que amplificar un problema que ya estaba presente desde el inicio: la debilidad simbólica de Hacienda. Porque cuando un ministro llega cuestionado desde el primer día, cada error pesa el doble. Y cada silencio presidencial también.
La permanencia de Quiroz comenzó entonces a transmitir una señal todavía más delicada: la incapacidad de corregir una mala decisión política. Lo que inicialmente parecía lealtad terminó proyectando rigidez. Y la rigidez, en política, suele transformarse rápidamente en desgaste.
Como señalaba Niklas Luhmann, la confianza funciona como el principal mecanismo para reducir complejidad en las sociedades modernas. Cuando las instituciones dejan de transmitir previsibilidad y conducción, la incertidumbre comienza a expandirse hacia todo el sistema político. Exactamente eso es lo que empieza a rodear hoy a La Moneda.
Porque la crisis ya no parece únicamente ministerial.
Empieza a transformarse en una crisis de conducción presidencial.
Ahí aparece otra advertencia relevante de Pierre Rosanvallon: las democracias contemporáneas ya no descansan exclusivamente en la legitimidad electoral. También dependen de percepciones permanentes de integridad, competencia y ejemplaridad pública. Cuando esas dimensiones comienzan a erosionarse, el deterioro político suele acelerarse mucho más rápido de lo que muestran las encuestas.
Por eso el problema de Kast no es únicamente Quiroz.
El problema es lo que Quiroz representa.
La señal de un gobierno que prometió autoridad, conducción y orden, pero que debilitó desde el primer día la legitimidad de uno de los cargos más sensibles del Estado.
Y en política, los errores de origen rara vez desaparecen.
Normalmente se acumulan.
